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Ana Botella y siete cargos municipales condenados a pagar 25 millones por vender pisos públicos a fondos buitre

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La denuncia en cuestión, realizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2017, con Manuela Carmena al frente, alegaba un deterioro superior a 55 millones de euros por dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Por ende, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y parte de su equipo de gobierno han sido condenados al pago de 25.752.103 euros por el Tribunal de Cuentas en concepto de daños a los fondos municipales al vender pisos públicos a fondos buitre por debajo de su precio de mercado.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso Cadena Ser, el Tribunal de cuentas personifica la condena en el máximo responsable de EMVS, Fermín Oslé, en Ana Botella y en seis concejales de EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. El auto detalla que en octubre de 2013 se vendieron 1860 viviendas, 1797 plazas de garaje y 1569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a Fidere Vivienda S.L.U. y Fidere Gestión S.L.U, el mayor arrendador de España, con más de 20.000 pisos en alquiler.

En 2016 la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ya alertó de irregularidades en estas operaciones de venta de viviendas públicas. El organismo expuso en su momento delitos de prevaricación, malversación y fraude. Entre las irregularidades expuestas destaca que no se encontraron estudios técnicos sobre el valor de mercado, es decir, el precio se fijó por acuerdo entre la EMVS y Fidere; no hubo pliegos de condiciones de la venta entre las dos partes, no se garantizó la libre participación a todos los interesados y muchas otras irregularidades ya pronosticadas por la Cámara de Cuentas anteriormente.

Los concejales condenados no comparten el contenido de la sentencia, por tanto, con un plazo de 15 días, recurrirán la sentencia. Ya han comunicado que no intervinieron “ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a la que se refiere el Tribunal de Cuentas”.

 

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