El que llaman “el juicio más importante de la democracia” toma lugar desde la mañana de este martes 12 de febrero en el Tribunal Supremo de Madrid
Los 12 líderes independentistas, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, están siendo juzgados por siete magistrados del máximo órgano jurisdiccional del país. Casi 15 meses y medio antes, el 31 de octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado se querelló por rebelión contra los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont, huido de la justicia desde que se celebrara el referéndum del 1 de octubre.
Las penas de cárcel que pide la Fiscalía se reparten de la siguiente forma: 25 años para Junqueras y 17 para Forcadell, Sànchez y Cuixart; estos cuatro controlaban según la Fiscalía los motores ejecutivo, parlamentario y social de la “rebelión”. El siguiente eslabón es de 16 años para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Finalmente, la menor pena que se pide es de siete años para los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. De todos los nombrados, a estos tres últimos no se les atribuye rebelión sino malversación y han estado en libertad provisional.
A nueve de los procesados se les juzga por delito de rebelión, al levantarse “violenta y públicamente para declarar la independencia de un parte del territorio nacional”. Como describió la Fiscalía desde el inicio de la causa a estas personas se les ha suspendido de su cargo político y acumulan más de 400 días de prisión preventiva. Los 12 líderes están acusados por “dirigir, promover y/o participar activamente” en la ejecución de la consulta aunque se consideran cabezas de la acción a Junqueras, Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A estos cuatro se le sumaría el expresidente Puigdemont si no se hubiese fugado a Bélgica buscando asilo tras la consulta.
La acusación la forman la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, única acusación popular. Sin embargo, la Abogacía del Estado acusa por sedición en vez de rebelión, delito por el cual se da un “alzamiento público y tumultuario contra la autoridad y el orden público”. Este cambio supone una rebaja en las penas a 12 años para Junqueras y entre 11 y siete para el resto. Se prevé que la sentencia no se sepa hasta verano.
El juicio se enmarca en un complicado momento para el Gobierno socialista. Hoy mismo se ha iniciado el debate de los Presupuestos, condicionados por los votos de los partidos independentistas. Por otra parte, el tema candente de la semana pasada fue el relator en la mesa de partidos que dañó la opinión pública del Gobierno y derivó en una manifestación patriótica en Colón el domingo pasado que reclamaba a Sánchez convocar elecciones. Elecciones que cada vez se divisan más cerca puesto que los socios con los que Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura cada vez le dan más la espalda.
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