El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el Real decreto-ley aprobado el viernes que permite la exhumación de los restos de Francisco Franco. Esta modificación de la Ley de Memoria Histórica de España explica que «la presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda».
La proposición no de ley pretende poner fin a esta situación. 43 años después los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos si el decreto-ley del BOE se convalida en el Congreso de los Diputados. Solo podrán yacer en la basílica los restos mortales de personas fallecidas a causa de la Guerra Civil. Habrá que habilitar, en consecuencia, «la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra». El fin de esta mofidicación es consagrar de manera expresa el Valle de los Caídos «como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas», según palabras del BOE.
Los familiares de Franco dispondrán de 15 días para escoger el destino de los restos mortales. Si en ese plazo hay disputa o no expresan la voluntad de cargo, el Consejo de Ministros designará el sitio, «asegurando una sepultura digna». Para poder realizar todo el procedimiento, el plazo es de 12 meses, comenzando el próximo viernes 31 de agosto.
De forma urgente y preferente
La reforma de la Ley 52/2007 de Zapatero pretende atender al «sentir mayoritario de la sociedad española, que considera inaplazable poner fin a décadas de una situación impropia de un Estado democrático y de Derecho consolidado».
Para ello, la Cámara Baja de las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, insiste en implementar las recomendaciones del Informe de 2011 -de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos– de manera urgente. Además, señala como preferente la exhumación de los restos de Franco y su traslado a otro lugar que no sea el Valle de los Caídos.
La reforma legal realizada de manera urgente está apoyada por la «exigencia de cumplir con los requerimientos de Naciones Unidas». En los últimos años, ha solicitado al Estado español que dé cuentas de las medidas adoptadas en materia de memoria histórica y regeneración democrática.
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