- José Oreiro y Marisol Piñeiro, del Partido Popular (PP), condenados por un delito de prevaricación
- La condena ha sido emitida por el Juzgado de lo Penal de A Coruña, después de 7 años de proceso
- El grupo del BNG de Carnota ejerció la acusación popular
El exalcalde y la exteniente de Carnota, José Oreiro y Marisol Piñeiro respectivamente, han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña a siete años de inhabilitación. La imputación había costado además el cargo de Marisol Piñeiro como Diputada del PP en el Congreso. La magistrada ha considerado que los Populares de Carnota habían cometido un delito de prevaricación administrativa en contratos de trabajo, durante el tiempo que había durado su mandato en el municipio coruñés.
Fue el grupo del BNG de Carnota el que se presentó como acusación popular. Ante el veredicto, afirman que la decisión de la justicia «no puede ser más contundente», aunque inciden en que el proceso ha tenido una «enorme dilación», ya que se ha prolongado más de siete años. Asimismo, desde el BNG inciden en que el exalcalde y la exteiniente de Carnota (PP) «son responsables de una contratación que no ha seguido ninguno de los procesos fijados por la legislación vigente». Los acusan de falta de «transparencia y publicidad del puesto».
Concretamente, los condenados habían suscrito el decreto inicial de contratación y las sucesivas prórrogas de una persona «enchufada», que fue contratada en 2007 como administrativa y que se mantuvo en el puesto tras dos prórrogas. Ya a partir de 2010 de modo indefinido como técnico jurídico urbanístico del ayuntamiento.
Según el fallo, José Oreiro y Marisol Piñeiro (PP), aún conociendo y siendo conscientes de las «omisiones de forma deliberada» de los requisitos que se imponen de oferta pública, publicidad y selección; ambos suscribieron la contratación y las sucesivas prórrogas de susodicho contrato.
El BNG pide que devuelvan el daño económico provocado
Ante la resolución de la sentencia, el BNG ha pedido al Gobierno municipal, que se encuentra ahora en manos del PSOE, que desde el Concello se recurra la sentencia para exigir además que los exmandatarios del Partido Popular condenados «restituyan solidariamente» el daño económico provocado a los vecinos, que se estima, supera los 170.000 euros.
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