La Comunidad de Madrid ha manifestado su negativa a obedecer lo dispuesto en la orden ministerial publicada este jueves en el BOE pero que las “cumplirá de manera estricta”. El consejero de Sanidad madrileño considera que, sin unaminidad en los apoyos, el acuerdo del Consejo Interterritorial no tiene validez.
A pesar de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, hablaba el pasado martes de un preacuerdo entre el Gobierno central y el de la Comunidad, ayer este último se desmarcaba al oponerse a la medida. El miércoles tuvo lugar el Consejo Interterritorial con los presidentes de las comunidades autónomas con el fin de consensuar los criterios para establecer los posibles confinamientos. En la votación, Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña, Ceuta y Murcia se manifestaron en contra del borrador. Castilla y León fue la única comunidad con el PP al frente que se posicionó a favor. La reunión finalizaba por tanto con una mayoría de apoyos, aunque Madrid pone en duda que esto sea llegar a un consenso.
El ejecutivo regional ha transmitido su intención de recurrir a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo para resolver esta cuestión. La Comunidad de Madrid señala que en base a lo dictado por la Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, los acuerdos del Consejo Interterritorial “se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán por consenso”. En consecuencia, rechaza la vía adoptada por el Ministerio de Sanidad que responde a una imposición. El gobierno encabezado por Ayuso ya ha solicitado a la Abogacía madrileña un dictamen acerca de esta discrepancia.
El Gobierno se mantiene firme
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que su publicación en el BOE hace que este acuerdo sea de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. Según el informe de la Abogacía del Estado que establece que el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, es aplicable para todas las Conferencias Sectoriales.
Las medidas publicadas este jueves en el BOE, aprobadas con el apoyo de 13 autonomías, serán de aplicación en un plazo de 48 horas. La orden se materializa en restricciones a la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes que cuenten con más de 500 casos de covid19 en los últimos 14 días. Además, deberán superar la tasa del 10% de positividad en las pruebas diagnóstias de infección activa. Y por último, pertenecer a una comunidad que cuente con una ocupación superior al 35% de las camas de las unidades de cuidados intensivos. Entre las excepciones para desplazarse fuera del municipio se encuentran las obligaciones laborales, profesionales, legales y la asistencia a centros educativos.
Por el momento, estas medidas afectan a nueve municipios de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón. En las próximas semanas algunas provincias de Castilla y León como Valladolid, Salamanca y León pueden verse también afectadas.
Ayuso cumplirá las órdenes pero irá a los tribunales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta mañana en la Asamblea madrileña que “cumplirá todas las órdenes de manera estricta”, que “no está en rebeldía” pero que recurrirá al Estado de Derecho “para reclamar lo que es junto para Madrid”. Ayuso hace estas declaraciones alegando que acatará las órdenes porque la comunidad “no es como sus socios independentistas”.
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