La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, está siendo interrogada en estos momentos por el Partido Popular sobre el caso de los ERE, con origen en las supuestas prejubilaciones fraudulentas detectadas en Mercasevilla, una empresa municipal. Por este caso quedaron imputados 21 ex altos cargos del gobierno de Andalucía, entre ellos José Antonio Griñán y Manuel Chaves, ambos ex presidentes autonómicos. La Fiscalía Anticorrupción calificó el caso, que procedió en un sistema de ayudas públicas, como «totalmente opaco», pues concedió 680 millones fuera de los límites que expuso la Intervención General.
A las 10.00 horas de la mañana esperaban a la presidenta y candidata a la Junta de Andalucía un numeroso grupo de senadores socialistas. Díaz ha acusado al PP de utilizar la Cámara Alta «como un teatro» para «enviar apoyo al PP en Andalucía», y proseguía que «debe andar muy desesperado para traerme aquí la semana antes del inicio de la campaña».
El momento de máxima tensión se ha producido con el choque entre la dirigente andaluza y el senador Luis Aznar. Este le protagonizó «una afirmación grave que ha hecho contra mi persona». «No conozco ese testimonio. Pido que lea usted en qué página del sumario está esa afirmación, en qué momento de la causa se incluye, porque es una causa abierta». El PP la acusa de una llamada clave que ella niega. «Hay que aclarar quién ha dicho eso. Es muy grave hacer esa afirmación cuando no se pone sobre la mesa toda la documentación», dictaba Díaz. Conforme la mañana avanzaba, un nuevo momento de tensión volvía al Senado. De nuevo, Luis Aznar fue el protagonista. El senador le ha preguntado si en algún momento firmó algún convenio con UGT para compartir sede con el PSOE en Torrepojil, a lo que la presidenta se ha negado a contestar.
Pese a que la actual presidenta de la Junta de Andalucía llegó a la dirección socialista andaluza después del supuesto fraude, el PP considera necesario someterla a interrogatorio tanto como líder del PSOE andaluz como por su importancia en el socialismo español. El PP trató de llevarla al banquillo en el caso como testigo, pero lo consiguió porque el tribunal no lo consideró importante. Después la convocó para declarar ante la Cámara Alta, que está bajo control popular.
