Este miércoles, el Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia dictada por este mismo órgano en diciembre contra la exalcaldesa de la capital y miembros de su equipo de gobierno por la venta masiva de pisos protegidos de forma irregular.
La resolución emitida el 27 de diciembre en primera instancia por el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a siete personas de su gobierno a pagar un total de 22,7 millones de euros. La sentencia que fue dictada por la consejera propuesta por el PSOE, María Antonio Lozano, condenaba a los acusados por haber realizado la venta de 5.315 inmuebles de protección pública con «opacidad» y «sin concurrencia». 1.860 de esas viviendas estaban ocupadas por familias necesitadas. Muchas de ellas se vieron obligadas a abandonar los imuebles por el aumento del precio del alquiler por parte de los nuevos propietarios. La resolución también señalaba pagos «no justificados» a la UTE Ítaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaciona. Así como por la «bajada injustificada» del precio previamente pactado de las 18 promociones de viviendas e inmuebles.
La absolución ha obtenido dos votos a favor y uno en contra. Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledo, propuestos por el PP han secundado la decisión mientras que Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, ha presentado el voto discrepante destacando los efectos perniciosos de esta operación debido a su carácter social.
Las promociones pertenecían a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2017 por la entonces teniente de alcalde, Marta Higueras, durante el mandato de Carmena estimando el perjuicio a las arcas municipales en unos 127 millones de euros. El fallo de primera instancia consideró a los acusados como responsables de los hechos por eludir la normativa aplicable. Tras lo que Botella junto al resto de acusados presentó un recurso a la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
Tras esta resolución solo cabría recurrir al Tribunal Supremo, procedimiento que debería llevar acabo el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres. Sin embargo, no parece que vaya a hacerlo ya que en su momento no se adhirió a la demanda del Gobierno de Carmena por no apreciar responsabilidad contable. Probabilidad que se reduce al haber recuperado el Consitorio el PP, partido al que pertenecen los implicados, por su gobierno en coalición con Ciudadanos.
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