Alba Moreno 10 enero, 2019

Este miércoles se ha firmado el acuerdo por el que el ciclo político en Andalucía ha cambiado totalmente. Vox ha favorecido la entrada del PP en la presidencia de la comunidad autónoma más poblada de España con sus 12 diputados tras dos actos consecutivos de negociaciones. En ellos, el partido de extrema derecha entregó 19 propuestas donde pedía derogar leyes que protegen a las mujeres, creando, en su lugar, otras que protejan la caza. No obstante, aunque el PP calificó esas medidas como «inaceptables», el acuerdo se ha hecho posible y los populares han incluido en sus propuestas algunas medidas del partido de Abascal.

Hace días que PP y Ciudadanos habían cerrado su pacto pragmático en Andalucía. Cs investiría al Juanma Moreno como presidente solo si los populares cedían a Juan Marín la vicepresidencia de la Junta. Con un documento de 90 medidas entre las que destacaban aprobar una reducción de los altos cargos y un proyecto de reforma del Estatuto de autonomía para suprimir los aforamientos de los políticos regionales, a sendos partidos solo les faltaba firmar, y lo hicieron este miércoles.

Pero faltaba un apoyo: Vox. El partido de extrema derecha adquirió todo el protagonismo este martes y miércoles, dejando claro que no iba a regalar sus 12 diputados para investir al candidato popular. Este martes, en una reunión de más de cinco horas en Madrid donde no estuvo Moreno, Vox entregó al PP un documento con 19 peticiones, como la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género y la ley contra la discriminación del colectivo LGTBI. El PP no aceptaba estas medidas. Sin embargo, este miércoles, los populares plantaron sobre la mesa 40 propuestas para negociar con Vox, y estos empezaron a ceder. En la segunda reunión del día en el Parlamento andaluz, Vox anunció que avalaría al Partido Popular andaluz.

El resultado final del documento abarca 37 puntos, dejando atrás las peticiones más polémicas de la extrema derecha, pero admitiendo algunas de sus medidas. De hecho, el giro hacia la derecha del gobierno es evidente, promoviendo, tal como defendían Pablo Casado y el líder de Vox, la derogación de la ley autonómica de memoria histórica para sustituirla por otra «de concordia». Asimismo, se incluye en el documento la creación de una consejería de familia, la intención de bonificar al 99% el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y la protección legal de la tauromaquia.

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