El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reformado por el pacto del Gobierno y el PP. Si el acuerdo sale adelante, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será Manuel Machena, máximo representante actual de la Sala de lo Penal. Marchena tendrá que dejar su responsabilidad presente, por lo que no dirigirá el juicio a los líderes del procés. La etapa de la mayoría conservadora establecida tras la victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011 desaparecerá por la garantización de una mayoría progresista en el poder judicial. Mientras que PSOE, sus socios y Podemos tendrán 11 vocales, el PP tendrá solo nueve.
Marchena, sin embargo, podría no ser aceptado en sectores cercanos al PSOE ni Podemos, que quiere tener influencia en el Consejo General del Poder Judicial y ha reclamado tener al menos cuatro vocales en consenso con el PSOE. El partido de Pablo Iglesias compartirá vocales con los socialistas, y Ciudadanos no ha aceptado el pacto porque no está de acuerdo con el reparto político de la justicia y se ha quedado al margen de la decisión.
A cambio de una mayoría progresista en la cámara, el Partido Popular tendrá nueve vocales y el presidente. Precisamente por Marchena, con una clara ideología conservadora, las negociaciones han sido muy complejas. La polémica con el actual dirigente de la Sala de lo Penal puede ser vista negativamente por los independentistas catalanes, pues consideran al juez como el «ideólogo» del juicio del procés y culpable de las medidas más duras contra los líderes independentistas, que se enfrentan a 25 años de cárcel.
Qué cambia en el nuevo sistema
El nuevo sistema será menos presidencialista. Se caracterizará por la descentralización del poder y la democratización de la toma de decisiones. Sin embargo, la repartición de ideologías del CGPJ puede prever las posturas de cada debate. Se teme, además, que el órgano sea ingobernable y poco eficiente, donde las comisiones sean más de las cuatro que exige la Ley.
El temor viene porque el CGPJ es imprescindible en la justicia porque es donde se deciden las designaciones del Supremo, así como los altos cargos de los Tribunales. No obstante, el PSOE apuesta por que el consenso será más sencillo ahora que hay un presidente de una ideología y una mayoría de otra.
