Noelia Casado 19 junio, 2019

La portavoz del nuevo ejecutivo de Madrid, Inmaculada Sanz, anunciaba el pasado martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el fin de las sanciones referentes a Madrid Central a partir del 1 de julio. 

Durante las pasadas semanas, el Partido Popular había evitado aclarar su posición respecto a Madrid Central, al contrario que sus socios de Vox que comprendían el fin de esta medida como uno de los puntos principales de su programa. Sin embargo, la corporación local sorprendía ayer con esta decisión que podría acarrear graves sanciones desde Bruselas.

El recien nombrado alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha calificado Madrid Central como un «fracaso» al tiempo que aseguraba que en 2019, con esta normativa vigente, se han registrado las peores cifras de contaminación en la ciudad. No obstante, Ecologistas en Acción ha acusado al político de obviar en su análisis los meses de abril y mayo, en los que las multas comenzaron a hacerse efectivas. Fue aquí cuando Madrid Central empezó a tener un impacto real en la calidad del aire de la ciudad, registrándose la media mensual de dióxido de nitrógeno más baja de la historia en el mes de abril.

Las restricciones al tráfico en el casco histórico de la capital cesarán el 1 de julio por una moratoria impulsada por el nuevo equipo de gobierno, medida que está comprendida en el acuerdo entre Ciudadanos, PP y Vox. La portavoz también ha anunciado que dejarán de funcionar los semáforos de la A5 que califica de «inútiles». Además, en los próximos días dará comienzo un «proceso de reuniones con los afectados» que comprende entre otros, al sector de los comerciantes, para estudiar el modo más satisfactorio de reconvertir Madrid Central.

Respecto a la posible sanción que podría fijar la Unión Europea, Almeida aseguraba que desde Bruselas se exigen «resultados de mejora de la calidad del aire, no Madrid Central». Aunque la implantación de esta medida durante el mandato de Carmena evitó una multa multimillonaria. Bruselas ha adelantado que estudiará la legalidad de las posibles modificaciones de Almeida para asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de calidad del aire.

Imagen : ABC

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