El alcalde del municipio cordobés de Nueva Carteya, Vicente Tapia, se ha sentado finalmente un año más tarde de lo previsto en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acusado de presuntos delitos de contaminación acústica, lesiones y prevaricación por supuestamente permitir ciertos niveles de ruidos en las carpas «que no cuentan con ningún tipo de licencias» de un establecimiento donde se celebran bodas y comuniones. La fecha prevista en un principio se fijó el 20 de noviembre de 2019. Finalmente ha sido hoy y mañana. La Fiscalía provincial solicita seis años y cuatro meses de prisión para el regidor local y cuatro años de cárcel para el propietario del local, que también se sentará en el ente judicial.
En concreto, la petición que el Ministerio Fiscal realiza en su escrito de acusación y por la que el alcalde de Nueva Carteya se sentará en el banquillo solicita para Tapia cuatro años de cárcel por contaminación acústica por un delito contra el medio ambiente y lesiones «prolongado durante más de diez años, por insomnio y crisis de ansiedad en relación con el ruido del local», según explica el Ministerio Público. Además de los cuatro años solicita otros dos años y cuatro meses de prisión por prevaricación. Junto a esto, el edil se enfrenta a multas de 17.100 euros, inhabilitación para cargo público durante 14 años e inhabilitación especial para profesión u oficio de gerente de restauración por tiempo de cuatro años. Para el otro acusado se pide el mismo tiempo de inhabilitación, cuatro años de cárcel y una multa de 6.300 euros.
Los hechos se remontan hasta el año 2007, cuando una familia cuya vivienda se encuentra a «unos ocho metros de distancia» empezó a quejarse del ruido que emitía un negocio de celebraciones. La familia interpuso 35 denuncias por exceso de ruido contra el hotel e «incluso han puesto de manifiesto esta situación al propio alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia Expósito, desde el mismo año 2007, sin que el Ayuntamiento y su alcalde hayan acordado medida alguna para solucionar o si quiera paliar el problema y no se ha ordenado iniciar el procedimiento sancionador por estos hechos, ni han actuado las competencias de inspección», explica el fiscal.
Ante «la falta de atención» del empresario y del alcalde, prosigue el fiscal, los perjudicados denunciaron en 2016 ante la Guardia Civil, que «pudo comprobar el ruido con la presencia de más de cien personas en la celebración» y ante el juzgado de instrucción de guardia de Cabra y se llegaron a efectuar mediciones acústicas, que demostraron que se superaban los decibelios autorizados. Según el Ministerio Público, desde 2016 la afectada ha recibido asistencia médica «por el ruido prolongado durante más de diez años, por insomnio y crisis de ansiedad en relación con el ruido del local».
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