La fiscal rebaja a la mitad la pena de cárcel solicitada para el alcalde de Nueva Carteya

El juicio por el que se sentaron en el banquillo la semana pasada el alcalde del municipio cordobés de Nueva Carteya, Vicente Tapia, y un empresario de la hostelería por los niveles de ruidos en las carpas de un establecimiento donde se celebraban bodas y comuniones, ha quedado este lunes visto para sentencia tras la práctica de los informes finales de las partes, según ha publicado Diario Córdoba. La conclusión obtenida es que la fiscal rebaja a la mitad la pena de cárcel solicitada para el alcalde de Nueva Carteya.

En concreto, la petición que el Ministerio Fiscal realizaba en su escrito de acusación solicitaba para Tapia cuatro años de cárcel por contaminación acústica por un delito contra el medio ambiente y lesiones «prolongado durante más de diez años, por insomnio y crisis de ansiedad en relación con el ruido del local», según explica el Ministerio Público. Además de los cuatro años solicitaba otros dos años y cuatro meses de prisión por prevaricación. Junto a esto, el edil se enfrentaba a multas de 17.100 euros, inhabilitación para cargo público durante 14 años e inhabilitación especial para profesión u oficio de gerente de restauración por tiempo de cuatro años. Para el otro acusado se pedía el mismo tiempo de inhabilitación, cuatro años de cárcel y una multa de 6.300 euros.

Ahora, la conclusión que se ha obtenido es la rebaja de ambas penas de cárcel, tanto para el alcalde de Nueva Carteya como para el empresario, pasando los delitos contra el medio ambiente y de lesiones de cuatro a dos años para ambos. Además, para Tapia se pedían dos años y cuatro meses por prevaricación que se reducen ahora a año y medio. Por tanto, según Diario Córdoba se piden tres años y cuatro meses de privación de libertad a Tapia y dos al empresario. Entre otras penas, pide que se le inhabilite al alcalde para ejercer cargo público durante 12 años en lugar de los 14 que se pedían en un primer momento, según el medio cordobés. Plantea también que los dos indemnicen a la víctima con 50.000 euros por los daños sufridos.

Los hechos se remontan hasta el año 2007, cuando una familia cuya vivienda se encuentra a «unos ocho metros de distancia» empezó a quejarse del ruido que emitía un negocio de celebraciones. La familia interpuso una treintena de denuncias por exceso de ruido contra el hotel e «incluso han puesto de manifiesto esta situación al propio alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia Expósito, desde el mismo año 2007, sin que el Ayuntamiento y su alcalde hayan acordado medida alguna para solucionar o si quiera paliar el problema y no se ha ordenado iniciar el procedimiento sancionador por estos hechos, ni han actuado las competencias de inspección», explicaba el fiscal.

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