Brian Bujalance 21 septiembre, 2018

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros celebrado este viernes ha puesto en marcha la reforma de los aforamientos. Pero no presentando primeramente un anteproyecto de ley como se suele proceder normalmente. Le ha encomendado al Consejo de Estado la redacción final de los dos artículos de la Carta Magna que se quieren modificar, 71.3 y 102.1, con un informe previo. Con esta modificación se pretende reducir, en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, «el alcance los aforamientos políticos en España y así asimilar nuestra regulación constitucional a la de los distintos países europeos».

La portavoz y ministra del Ejecutivo ha asegurado pedir el informe preceptivo -no vinculante- previo al Consejo de Estado para que «acote jurídicamente el procedimiento» y realice un análisis jurídico. La reforma buscar limitar los aforamientos a diputados, senadores, y Presidente y miembros del Gobierno, para así «reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público y que deje de ser un privilegio».

Esta reforma, sin embargo, no incluiría la modificación de los aforamientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, presidentes y diputados provinciales y el Rey. En esta línea, partidos como Podemos y PNV exigían la supresión del aforamiento al monarca. Celáa ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo que «es importante que el rey mantenga su inviolabilidad porque es el jefe del Estado» y que acabar con ella «no entra en absoluto en este paquete».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que la limitación de los aforamientos podría realizarse en un plazo de 60 días, «si hay voluntad de acuerdo», añadía hoy la portavoz. El pasado 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la moción de Ciudadanos para eliminar los aforamientos políticos con el apoyo de PP y Ciudadanos. En total fueron 253 votos a favor y 87 abstenciones.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, reveló el pasado mes de marzo que en España existen casi 250 000 aforamientos, la gran mayoría pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicas.

Así han sido las primeras reacciones de los partidos de la oposición:

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