El confinamiento, como medida contra la propagación de la COVID-19, ha constituido la oportunidad perfecta para llevar a cabo la mutilación genital femenina de cientos de niñas de manera clandestina. 

En abril se daba un paso significativo contra la mutilación genital femenina (MGF). Sudán, donde un 86% de las mujeres han sido mutiladas, declaraba como delito esta práctica que ahora puede ser penada hasta con tres años de cárcel. Sin embargo, el distanciamiento social y en especial, el cierre de las escuelas constituyen una amenaza para estos avances. La declaración de la pandemia ha conllevado que  los gobiernos a nivel mundial centren todos sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, lo que ha paralizado la puesta en marcha de las medidas contra la ablación genital. Las escuelas constituyen espacios seguros para estas niñas además de un canal para denunciar estos abusos y poder tomar medidas al respecto. Por ello, las menores no escolarizadas representan el grupo con más probabilidades de sufrir la mutilación genital. Con el cierre de los colegios, también las menores que reciben una educación se ven en esta situación de vulnerabilidad.

El informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la ONG Avenir Healt, la universidad estadounidense Johns Hopkins y la universidad australiana Victoria señala que de prolongarse el confinamiento las cifras de mutilación genital femenina previstas podrían aumentar en dos millones. 

Esta práctica no está ligada a ninguna religión o creencia concreta, sino que responde a una tradición cultural que varía en función de la comunidad. Sin embargo, el clítoris es visto en todas ellas como perjudicial o dañino ya sea para la mujer o su futuro marido e incluso asociado al demonio. Por ello, la mutilación genital parcial o total se consolida como un requisito indispensable para contraer matrimonio allí donde se practica. Las mujeres que rechazan la ablación son juzgadas, abandonadas y víctimas de diferentes tipos de violencia.

El matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son, con frecuencia, dos tipos de violencia que van ligadas. Ante situaciones de crisis económica como la actual, el número de enlaces concertados con menores aumenta dado que las familias se libran de parte de su carga y con frecuencia obtienen rédito económico del acuerdo. En consecuencia, se espera que los casos de ablación aumenten en la misma medida.

Las medidas legales son insuficientes

Activistas de todo el continente africano insisten en que a pesar de que las medidas legales puedan ayudar no constituyen una solución en sí mismas. Los padres que someten a sus hijas a la mutilación creen estar haciéndoles un bien por lo que las penas de prisión parecen un parche a un problema que radica en la educación. Además, las víctimas de la ablación no solo deberían enfrentarse a las numerosas consecuencias físicas y psíquicas que tiene la práctica, sino que serían apartadas de sus familias si estos entrasen en prisión. No se trata de una cuestión sencilla, son muchas las mujeres que no quieren que sus hijas pasen por lo que un día ellas tuvieron que sufrir y estas son mutiladas a escondidas por otros familiares sin su consentimiento. «Nunca quise circuncidar a mi hija de diez años a pesar de la presión de la familia de mi marido, pero cuando nos fuimos a visitarlos con motivo de un funeral, los parientes cogieron a la niña y la mutilaron a la fuerza. Luego trataron de aplacar nuestra ira diciendo que el clítoris era tabú y una niña no mutilada sufriría terribles consecuencias en la vida. Mi hija desarrolló una infección y murió» explicaba la activista Foluke Olowe.

La Mutilación Genital Femenina como violencia de género

Aunque la ablación es legal en casi 30 países del continente, a menudo se lleva a cabo de manera rudimentaria y clandestina, sin las condiciones higiénicas necesarias lo que genera graves infecciones, sangrados y fuertes dolores. Las consecuencias de la cicatriz además de ser un recuerdo permanente de esta experiencia traumática, son determinantes en el momento del parto, donde debido a una pérdida de elasticidad de los labios mayores se producen desgarros de la zona. Esta situación empeora en los casos en los que las mujeres son sometidas a desinfibulaciones (apertura de la cicatriz) y reinfibulaciones (coser de nuevo la abertura) tras tener relaciones sexuales.

Las asociaciones y colectivos que luchan por abolir esta práctica apuestan por la concienciación a través de talleres formativos en los que los hombres no pueden ser dejados de lado, con el fin de que la MGF deje de ser exigida de manera generalizada para contraer matrimonio.

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